El
25 de febrero de 2013, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, promulgó
la Reforma Educativa para su entrada en vigor, modificando los artículos 3° y
73 de la Constitución. Durante la firma del documento, efectuada en Palacio
Nacional, el titular de la SEP, Emilio Chuayffet Chemor, afirmó que ya
no habría tolerancia para frivolidades y que se acabaría el tiempo en el que
los intereses particulares se imponían a las necesidades de la educación pública.
Al día siguiente, Elba Esther Gordillo, la ex-presidenta vitalicia del SNTE,
fue detenida en el Aeropuerto de Toluca acusada de los delitos de delincuencia
organizada y lavado de dinero.
En
realidad, fue la primera reforma light
y exprés más fácil de gestionar para el gobierno federal y los partidos
políticos, como parte de las acciones a realizar en el marco del Pacto por
México, y que no tocó en lo mínimo a los poderes fácticos que tanto decían que
le habían quitado al Estado la rectoría de la educación. Por lo visto,
únicamente buscaba modificar
las relaciones de poder y, de paso, tratar de mejorar la calidad educativa en
lo posible.
Vista de cerca, la iniciativa
tiene dos propuestas esenciales y cuatro colaterales. Las propuestas esenciales
son: la elevación jerárquica de la autonomía del INEE y la creación de la
carrera profesional docente. Las colaterales son: crear un sistema de
información educativa; la autonomía de gestión de las escuelas; el
establecimiento de escuelas de tiempo completo, y la prohibición de la comida
chatarra.
Todavía
falta hacer cambios, por ejemplo, en la Ley General de Educación; crear la ley
del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), y continuar
con los foros de consulta para la elaboración de los correspondientes reglamentos,
en los que se especifican los detalles –en los que siempre se mete el diablo-
y, posteriormente, comenzará la ejecución de los mismos. También hace falta
actualizar el reglamento de la Sociedad de Padres de Familia, que data desde
1980, y delimitar sus alcances, tal como se estipuló en la Ley General de
Educación de 1993, pues sabidas son algunas extralimitaciones y casos de corrupción,
a veces de manera coludida, con algunos directores de escuelas.
Es
propiamente una reforma laboral con enfoque en el ámbito educativo porque no
propone nada en lo pedagógico, pero sí condiciona los derechos laborales del
personal de nuevo ingreso, ya que, para el de base, ninguna ley puede ser
retroactiva. Como fundamento curricular, simplemente retoma el Acuerdo Nacional
para la Modernización de la Educación Básica de 1993, la Reforma Integral de la
Educación Media Superior de 2008 y la Reforma Integral de la Educación Básica
de 2011.
Recordemos
que, como manipulación de la opinión pública, este proceso de reforma educativa
comenzó con los insistentes ataques de algunos medios de comunicación a la
escuela pública. Con el maniqueo y poco informado documental “De panzazo”, dirigido
por Juan Carlos Rulfo y coproducido por Carlos Loret de Mola; la injerencia de asociaciones
civiles como Mexicanos Primero y
ahora el Consejo Ciudadano Autónomo por la Educación. Una misa de muchos padres
en la que el único que no ha sido invitado, ni escuchado, es el maestro
mexicano. Y es que la realidad educativa de nuestro país, como todo hecho
social, es multifactorial y se explica en los diferentes contextos en que
sucede. Ha faltado reconocer los enormes esfuerzos que han hecho maestros,
padres de familia y sociedad en general para levantar muchas escuelas en
deplorables condiciones y en contextos de extrema pobreza en las que ni el
gobierno y mucho menos la iniciativa privada, han apoyado en algo. Pero eso es
algo difícil de explicar para gente de poco alcance intelectual.
Si
bien algunos sectores magisteriales de Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Chiapas se
han manifestado de manera aislada en contra de la Reforma Educativa, sus
inconformidades no han tenido el respaldo del profesorado nacional. De hecho,
Juan Díaz de la Torre, actual líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación, en entrevista con CNN en Español, expresó que su mandato tiene
como puntos clave apoyar la reforma educativa, demandar capacitación para los
maestros y promover la transparencia dentro del SNTE. Asimismo, afirmó que la
organización gremial saldrá adelante sin la sombra de Elba Esther Gordillo u
otro dirigente que haya tenido el sindicato.
Coincido
con Eduardo Andere y Hugo Aboites, para quienes reforma no es sinónimo de
cambio. Para que la propuesta se convierta en una verdadera transformación de
la educación, deben atenderse temas estructurales como pobreza, marginación y
anticultura del aprendizaje, pues los problemas económicos y sociales han
“anclado” la educación, pero no se puede poner sólo sobre los hombros de los
maestros la responsabilidad de estas fallas estructurales. Si el Estado quiere
un súper maestro, que invierta en su formación académica y asigne funcionarios
de la SEP altamente competitivos.
